En el año 2002 durante la presidencia municipal de
Juan Bosco Rivero Romero (2000-2003), se suscitó un conflicto territorial entre
Melchor Ocampo y Cuautitlán de Romero Rubio, donde éste último otorgó a la
constructora Casas Beta, S.A. de C.V. la autorización para construir un
complejo habitacional de casas de interés social, pero este acto fue una clara
violación a la ley, que reconoce al área denominada Rancho Terremoto como parte
de la jurisdicción de Melchor Ocampo, por lo que Cuautitlán nunca debió
conceder ningún permiso.
El conflicto territorial llego a nivel estatal y
federal debido a la existencia de una zona arqueológica en este espacio. Pero
finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el gobierno
estatal de Arturo Montiel Rojas y el gobierno municipal de Cuautitlán llegaron
a un acuerdo con la constructora Casa Beta para continuar con el proyecto,
destruyendo por completo la zona
arqueológica de Melchor Ocampo; de acuerdo con los arqueólogos involucrados en
el estudio preliminar, la zona arqueológica consistía en una edificación sagrada de la cultura tolteca, donde se encontraba una pirámide principal y una serie
de templos.
Desde
el momento en el que se descubrió la zona arqueológica del Rancho Terremoto, se
formó un grupo de ciudadanos que intentó detener las obras para salvar su
patrimonio, pero sus intentos fueron inútiles gracias a la corrupción
gubernamental en los tres niveles.
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